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17/11/18 DIARIO SEVILLA PITOS AL CONSEJERO DE EMPLEO POR LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE GUZMÁN

16/11/18 ABC CASTILLEJA DE GUZMÁN RECLAMAN A LA JUNTA 123.000 EUROS POR EL DERRIBO DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA

15/11/18 EUROPA PRESS Litigio en el TSJA para que la Junta indemnice a Castilleja de Guzmán por la escuela de hostelería


Litigio en el TSJA para que la Junta indemnice a Castilleja de Guzmán por la escuela de hostelería
 

El Ayuntamiento reclama a la Administración autonómica el coste de la demolición por haber "amparado la ilegalidad urbanística"

 
CASTILLEJA DE GUZMÁN (SEVILLA), 15 Nov. (EUROPA PRESS)
 
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite una demanda promovida por el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla) contra la Junta de Andalucía, reclamando a dicha administración el coste de casi 123.000 euros afrontado en 2017 por el Consistorio para el derribo de la escuela de hostelería construida años La citada escuela de hostelería fue promovida la pasada década por la Mancomunidad para el Fomento y Desarrollo del Aljarafe, la Consejería de Empleo y el propio Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, entonces gobernado por el PSOE.
 
Cuando las obras de construcción ya estaban en marcha, el entonces gobierno local socialista aprobó definitivamente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con una nueva ordenación y delimitación de las parcelas de espacios libres y equipamientos ubicadas entre las calles Álvarez Quintero y Gustavo Adolfo Becquer, precisamente donde estaba siendo construido el citado complejo.
 
En ese contexto, y merced al litigio promovido por un colectivo de vecinos, una sentencia del TSJA ratificada en 2014 por el Tribunal Supremo zanjaba que dicha modificación del planeamiento urbano tenía como destino no los "intereses generales, sino intentar enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento", entonces gobernado por el PSOE, en lo que se refiere a la ordenación en la que se encuadraba el proyecto de escuela de hostelería, dado que los trabajos de construcción estaban ya en marcha antes de que fuese aprobada definitivamente la modificación del planeamiento.
 
"La modificación no obedeció a la búsqueda de los intereses generales, sino a intentar enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento", señalaba el fallo del TSJA, que declaraba "espuria" la mencionada modificación urbanística de 2009 y ordenaba derribar las construcciones porque "no pueden encontrar amparo jurídico".
 
DE NUEVO AL TSJA
 
Pues bien, después de que en enero de 2017 fuese ejecutada la sentencia con la demolición del edificio, aspecto para el cual el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán contrató a la empresa Erri-Berri S.L., el pasado 27 de septiembre dicho Consistorio elevó al TSJA una reclamación en la que solicita una indemnización de 122.790,8 euros a la Junta de Andalucía por los gastos afrontados para derribar el inmueble.
 
Al respecto, Tasio Oliver señala que a Junta de Andalucía no sólo ostentó el "liderazgo" del proyecto de la escuela de hostelería, sino que el mismo siguió adelante pese a que en sus primeras fases ya mediaban "quejas, avisos y hasta preguntas del Defensor del Pueblo Andaluz".
Además, recuerda que la modificación del PGOU promovida por el entonces alcalde socialista Carmelo Ceba para la escuela de hostelería, cuyas obras estaban ya en marcha en el momento de aprobación definitiva, fue aprobada por los órganos de la Junta de Andalucía encargados de supervisar el urbanismo y la ordenación del territorio.
 
Por eso, Tasio Oliver señala que debe ser la "madrina" del proyecto quien pague los 122.790,8 euros que costó demoler el edificio por haber impulsado la iniciativa y "amparado la ilegalidad urbanística", exponiendo que la reclamación elevada al TSJA incluye "otros gastos indirectos no cuantificados de momento".
 
Al respecto, ha recordado que la sentencia obligaba a demoler la edificación circunstancia a la escuela que, "si bien el Ayuntamiento de Castilleja de Guzman como administración garante del orden urbanístico debió acometer, considera en su totalidad responsabilidad de la Junta, administración titular de la competencia y autora del instrumento de planeamiento anulado, además de promotora del proyecto".
 
"HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS"
 
"Defenderemos hasta las últimas consecuencias los intereses de Castilleja de Guzmán, siendo justo que la principal condenada asuma las consecuencias y el coste de su propia infracción", añade Oliver, exponiendo que los casi 123.000 euros reclamados a la Junta "servirán para mejorar la situación del Ayuntamiento, cuando no para costear la mejora de toda la parcela, cuya recuperación no costará menos de 300.000 euros".
 
Al respecto, ha criticado "la falta de sensibilidad y atención de la Junta respecto a la escuela, ya que en 2015 avisó de que no se haría cargo de ninguna responsabilidad a no ser que un juez lo dictaminara, a pesar de ser un proyecto y una ilegalidad urbanística amparados por ella".
 
 
 
 
 
 
 

15/11/18 DIARIO SEVILLA CASTILLEJA DE GUZMÁN El Ayuntamiento reclama a la Junta el coste del derribo de la escuela de hostelería


Castilleja de Guzmán

 

El Ayuntamiento reclama a la Junta el coste del derribo de la escuela de hostelería


El TSJA ha admitido la demanda por un montante de 123.000 euros 

El Consistorio recuerda que la Junta aprobó el cambio urbanístico del suelo, declarado ilegal

El inmueble, promovido con fondos públicos, tuvo que ser demolido sin llegar a inaugurarse 


R. P. 15 Noviembre, 2018 - 17:58h


El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite una demanda del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán contra la Junta, en la que le reclama que ésta asuma el coste de casi 123.000 euros que tuvo que afrontar el Consistorio en 2017 para demoler de la escuela de hostelería y cumplir con una sentencia del mismo tribunal. 


El edificio fue promovido por la Mancomunidad para el Fomento y Desarrollo del Aljarafe, la Consejería de Empleo y el propio Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, entonces gobernado por el PSOE, pero se empezó a hacer sobre unos suelos destinados a zona verde, en los que la ocupación permitida era mucho menor. 


Tras la denuncia de los vecinos de una urbanización cercana y con las obras ya en marcha, el gobierno local socialista aprobó una modificación del PGOU para legalizar la construcción. Sin embargo, el TSJA en 2014 consideró que el cambio era ilegal y ordenó demoler el edificio, en un fallo confirmado por el Tribunal Supremo. 


La reclamación de cantidad fue presentada por el Consistorio el pasado mes de septiembre y en la misma solicita una indemnización de 122.790,8 euros a la Junta de Andalucía por los gastos afrontados para derribar el inmueble.


En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Castilleja de Guzmán, Tasio Oliver (IU), ha destacado que la Junta no sólo ostentó el "liderazgo" del proyecto de la escuela de hostelería, sino que el mismo siguió adelante a pesar de que desde el principio hubo "quejas, avisos y hasta preguntas del Defensor del Pueblo Andaluz" sobre su ilegalidad.


La Junta ya advirtió que no asumiría el coste salvo que un juez la obligara


Además, recuerda que la modificación del PGOU promovida por el entonces alcalde socialista Carmelo Ceba para la escuela de hostelería fue aprobada por los órganos de la Junta de Andalucía encargados de supervisar el urbanismo y la ordenación del territorio.

Por tanto, Oliver señala que debe ser la "madrina" del proyecto quien pague los 122.790,8 euros que costó demoler el edificio por haber impulsado la iniciativa y "amparado la ilegalidad urbanística". La reclamación elevada al TSJA incluye "otros gastos indirectos no cuantificados de momento".


El regidor recuerda que la sentencia obligaba al Ayuntamiento de Castilleja de Guzman a demoler como administración garante del orden urbanístico, pero considera en su totalidad responsabilidad de la Junta, la administración titular de la competencia y autora del instrumento de planeamiento anulado, además de promotora del proyecto".


"Defenderemos hasta las últimas consecuencias los intereses de Castilleja de Guzmán, siendo justo que la principal condenada asuma las consecuencias y el coste de su propia infracción", añade Oliver. Los casi 123.000 euros reclamados a la Junta "servirán para mejorar la situación del Ayuntamiento, cuando no para costear la mejora de toda la parcela, cuya recuperación no costará menos de 300.000 euros", añade. 


Además, ha criticado "la falta de sensibilidad y atención de la Junta respecto a la escuela, ya que en 2015 avisó de que no se haría cargo de ninguna responsabilidad a no ser que un juez lo dictaminara, a pesar de ser un proyecto y una ilegalidad urbanística amparados por ella".