Carmen
Martínez Aguayo: la guardiana en apuros
ANTONIO R. VEGA / Sevilla
Día 25/04/2013 - 14.25h
Su inmolación para salvar a Griñán en el caso de los ERE, las meteduras de pata y los negocios de su marido ponen a Aguayo, mano derecha del presidente, contra las cuerdas
La Thatcher del Gobierno andaluz no es de hierro. El
asedio del caso de los ERE y los dudosos negocios como «asesor urbanístico» de
su marido con un alcalde condenado por corrupción han colocado contra las
cuerdas a la mano derecha del presidente, José Antonio Griñán. La rígida
y obstinada determinación de la consejera de Hacienda y Administración Pública,
Carmen Martínez Aguayo (Madrid, 1953), le granjeó el apodo de «Dama de
Hierro» entre los sindicatos, donde no goza precisamente de mucha simpatía. Los
funcionarios le declararon la guerra cuando impuso en 2011 la polémica
reordenación del gigantesco aparato burocrático de la Junta.
Con la difunta primera ministra británica comparte un
origen humilde (su padre empezó de pintor de brocha gorda) y una disposición
natural a despertar sentimientos polarizados. Odiada por los funcionarios,
adorada por Griñán. Con Aguayo no hay término medio. Compone junto a Antonio
Ávila la guardia pretoriana del presidente, el círculo de su máxima
confianza desde la etapa en que Griñán llegó a la Consejería de Economía y
Hacienda en 2004 y la nombró viceconsejera de Hacienda.
«Yo
recibí los informes y nunca se los dí a Griñán», dijo para exculparlo
Desde que saltó el escándalo de los
ERE, la consejera «tecnócrata» se ha convertido también en su ángel de la
guarda, el pararrayos en el que descargó sus responsabilidades. Con tal de
salvar a Griñán del fuego cruzado al que le sometieron el PP e IU en la
anterior legislatura, Aguayo no dudó en hacerse el harakiri político con
una confesión tan desconcertante que en cualquier país nórdico o germano habría
precipitado la presentación de su renuncia «ipso facto». «Yo recibí los
informes y nunca se lo comenté», reconoció Aguayo sobre las contundentes
advertencias del interventor, dirigidas a Griñán, contra el sistema de ayudas a
prejubilados. En aquella rueda de prensa posó al lado de un carrito de
supermercado cargado de archivadores. «¿Alguien piensa que yo me leo todo
eso?», dijo los periodistas. Pero, no sólo ejerció de «archivera», su
comprometedora firma figura en la orden de cesión al Ayuntamiento de Villanueva
del Río y Minas de una parcela, regalada a su vez a Ángel Rodríguez de
la Borbolla para montar una fábrica con ayudas de los ERE que nunca existió.
Para completar el círculo, en un ataque de franqueza, Aguayo proclamó ante las
cámaras que los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández tienen
responsabilidad política «sin duda», haciendo saltar por los aires el férreo
guión del PSOE en el caso.
Su
marido fue denunciado por cohecho y tráfico de influencias
Cuando aún no se han apagado los
rescoldos de la tensión interna que provocaron sus declaraciones entre los
«chavistas» y «griñanistas», irrumpe en la escena su marido, Manuel Caramé,
que es «asesor urbanístico autorizado», según la titulación otorgada por su
esposa. Las hemerotecas
han venido a recordarle que el equipo del PSOE en el Ayuntamiento de Valencina
de la Concepción (Sevilla), para el que trabajaba como técnico, lo denunció por
cohecho y tráfico de influencias al pactar con un constructor una comisión de
10 millones por recalificar unos suelos. Este turbio episodio ocurrió antes de
conocerla a ella. El concejal de Urbanismo tuvo que dimitir por este asunto en
1994. Pero ésta no es una opción que se le haya pasado por la cabeza a Aguayo,
que ha hecho de la resistencia su religión.
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