Podemos quiere llevar a juicio a los artífices de la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán
El TSJA sentenció que la obra del edificio era ilegal y ordenó al Ayuntamiento su demolición
05 sep 2016 / 21:41 h.
La escuela de hostelería
de Castilleja de la Guzmán sigue siendo noticia. Ahora, y después de que el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sentenciase que la obra era
ilegal y ordenase al Ayuntamiento la demolición del edificio, la marca
blanca de Podemos en el Consistorio, Vecinos por Guzmán, lleva al próximo pleno
municipal del 15 de septiembre que se tomen las medidas judiciales para
solicitar responsabilidad penal a los implicados en la orden de ejecución
de «la obra ilegal de la escuela de hostelería».
Esta formación, que
cuenta con dos concejales de los 11 que forman el plenario, podría contar
con el apoyo de IU (tres ediles), aunque, según ha aclarado el alcalde,
Tasio Oliver (IU), antes del pleno su partido tendrá que realizar una asamblea
para acordar qué votar. Oliver manifiesta que todo apunta a que darán su
respaldo a esta propuesta, aunque con enmiendas.
El resto de formaciones –PP
( dos concejales) y PSOE (cuatro ediles)– no han desvelado cuál será su voto,
aunque todo hace suponer que los socialistas no secundarán la iniciativa ya que
los promotores de la escuela de hostelería fueron el exalcalde socialista
Carmelo Ceba, la Consejería de Empleo, y
la Mancomunidad para el Fomento y el Desarrollo del
Aljarafe.
Este conflicto con la
escuela de hostería nace con el recuso de un colectivo de vecinos contra la
aprobación definitiva, en 2009, de una modificación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)
de la localidad, destinada a la ordenación y nueva delimitación de las parcelas
de espacios libres y equipamientos ubicados entre las calles Álvarez Quintero y
Gustavo Adolfo Bécquer, donde se levantó la escuela de hostelería. La sentencia
del TSJA, ratificada en 2014 por el Supremo, decía que la modificación del PGOU
tenía por objeto «enmendar una actuación de ilegalidad» provocada por el
Ayuntamiento, por lo que ordenó la demolición del inmueble.
Estos trabajos, según el
regidor, se iniciarán ya en breve. 24 empresas presentaron ofertas para
derribar el edificio, cuatro de ellas con un presupuesto muy inferior a lo
previsto. El Ayuntamiento valoró los costes de demolición en 198.000 euros y
estas firmas han presentado presupuestos de unos 100.000. Por ello, el
Consistorio ha pedido un informe a la Diputación de Sevilla, que fue la que
redactó el proyecto del derribo, para saber si estas ofertas más baratas son
viables técnicamente.
Oliver manifiesta que si
el informe de la Diputación concluye que estas propuestas que reducen a casi la
mitad el presupuesto son fiables, el Ayuntamiento optará por una de ellas.
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