El pleno de Castilleja de
Guzmán reclama a la Junta que asuma el coste de derribar la escuela de
hostelería
El
Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), gobernado por Anastasio Oliver
(IU-CA), ha aprobado en su última sesión plenaria reclamar a la Junta de
Andalucía "la asunción del coste del derribo" de la escuela de
hostelería construida años atrás por el propio Consistorio, la Mancomunidad
para el Fomento y Desarrollo del Aljarafe y la Consejería de Empleo, y cuya
demolición fue ordenada por la Justicia.
EUROPA
PRESS. 18.11.2016
Mientras
el Ayuntamiento ha contratado ya a la empresa Erri-Berri S.L., por 120.000
euros, para ejecutar la demolición de la escuela de hostelería merced a la
sentencia que así lo ordena, el acuerdo aprobado por unanimidad en la última
sesión plenaria, recogido por Europa Press, solicita a la Junta "la
asunción del coste del derribo y otros gastos imputables, como principal
condenada por esta sentencia". Además, el acuerdo implica "estudiar
legalmente la posibilidad de que incurra en su responsabilidad (es decir, de la
Junta), cualquier reclamación patrimonial que pueda soportar el
Ayuntamiento".
LA ESCUELA DE HOSTELERÍA
El conflicto, recordémoslo, deriva del recurso
de un colectivo de vecinos contra la aprobación definitiva, en 2009, de una
modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castilleja de
Guzmán, destinada a la ordenación y nueva delimitación de las parcelas de
espacios libres y equipamientos ubicadas entre las calles Álvarez Quintero y
Gustavo Adolfo Becquer.
Y es
que en esta zona de espacios libres el Ayuntamiento, la Mancomunidad para el
Fomento y Desarrollo del Aljarafe y la Consejería de Empleo construían ya por
aquel entonces una escuela de hostelería.
Según
una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ratificada
en 2014 por el Tribunal Supremo, esta modificación del planeamiento urbano
tenía como destino no los "intereses generales, sino intentar enmendar una
actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento", entonces
gobernado por el PSOE, en lo que se refiere a la ordenación en la que se
encuadraba el proyecto de escuela de hostelería, dado que los trabajos de
construcción estaban ya en marcha antes de que fuese aprobada definitivamente
la modificación del planeamiento.
"ILEGALIDAD PROVOCADA POR EL
AYUNTAMIENTO"
"La
modificación no obedeció a la búsqueda de los intereses generales, sino a
intentar enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio
Ayuntamiento", señalaba el fallo del TSJA, que declaraba
"espuria" la mencionada modificación urbanística de 2009 y ordenaba
derribar las construcciones porque "no pueden encontrar amparo
jurídico". "En la parcela se infringió el orden jurídico con la
construcción realizada antes de la modificación del plan general",
insistía el fallo.
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