Castilleja de guzmán
Tres millones de euros públicos convertidos en escombros
Los trabajos de derribo del edificio
escuela, que se levantó en un suelo con vistas hacia Sevilla.
No
porque fuera una noticia conocida, ni esperada, la imagen resulta menos
impactante: las palas reduciendo a escombros la que iba a ser escuela de
hostelería de Castilleja de Guzmán, un edificio público, sobre suelo público,
nuevo y terminado, en el que se habían invertido casi tres millones de euros de
fondos de la Consejería de Empleo. Como algunos vecinos advirtieron desde el
principio a las administraciones que lo impulsaban, se levantó sobre unos
suelos que no estaban calificados para una construcción tan grande. Ya con las
obras en marcha, se intentó arreglar con una modificación urbanística: de zona
verde, con una posibilidad de construcción mínima, la parcela se cambió a Suelo
de Interés Público y Social (SIPS). La resolución de la Junta que dio el visto
bueno al cambio aprobado en el Ayuntamiento es la que fue tumbada en los tribunales,
que ordenaron la demolición que se ejecuta ahora, diez años después de que el
proyecto arrancara, en 2007.
Se
trata del edificio de un centro de formación en hostelería, con un restaurante
incluido, que iba a ser gestionado un consorcio-escuela formado por la Junta de
Andalucía, el Ayuntamiento del y la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del
Aljarafe, a la que el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán encomendó la gestión
de las obras.
En el año
2012, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó su
demolición, en una sentencia confirmada más tarde, en octubre de 2014, por el
Tribunal Supremo, tras un último recurso de la Junta, que defendía que la
modificación se ajustaba a derecho. Pero el fallo concluyó que no pretendía los
"intereses generales, sino intentar enmendar una actuación de ilegalidad
provocada por el propio Ayuntamiento". El edificio de la escuela ocupa
unos 2.000 metros
cuando antes de la modificación urbanística sólo se permitía la ocupación de 238 metros cuadrados
con destino a equipamientos o sistemas de interés público y social en la zona.
La modificación "ha sido espuria y por ende la alegación autonómica, con
independencia de que haya resultado una mejora de dotaciones y espacios libres,
no deja de ser un sofisma en cuanto a la finalidad de la modificación",
añadía el TSJA.
Tras varias
advertencias del Alto Tribunal andaluz al Ayuntamiento, responsable de ejecutar
el fallo, para que no se dilataran más los plazos del derribo, el Consistorio
sacó a concurso público las obras, que se adjudicaron el pasado mes de octubre
a la empresa Erri-Berri S.L., con un coste de 120.000 euros, algo menos de los
161.900 que se incluyeron en la licitación.
Según
confirmó ayer el actual alcalde, Tasio Oliver (IU), los trabajos arrancaron en
diciembre, pero es ahora cuando han cogido ritmo. En principio, y si no surgen
contratiempos, la empresa tiene tres meses para dejar los terrenos como estaban
antes de que existiera el edificio, frente a la urbanización Balcón de Sevilla
y al borde de la cornisa. Se han salvado la piscina y las pistas deportivas
contiguas.
Se trata de
un caso muy similar al que se produjo con la biblioteca de la Universidad de
Sevilla proyectada en el Prado de San Sebastián, un proyecto que también se
descartó tras un fallo judicial, con la diferencia que en aquél el tribunal sí
aceptó paralizar las obras como medida cautelar, como pidieron los vecinos. La
misma petición se rechazó en Castilleja de Guzmán, un pequeño municipio del
Aljarafe, en el que el anterior gobierno socialista defendía que la escuela era
una de las pocas posibilidades de empleo y desarrollo que podía ofrecer con un
término municipal muy acotado. Las obras siguieron, con este resultado. Antes
de recurrir a los tribunales la modificación, los vecinos apelaron al propio
Ayuntamiento, al Defensor del Pueblo y a la Junta de Andalucía, que optó por
avalar la modificación urbanística aprobada en el Ayuntamiento.
Tras la
demolición, lo que nadie ha aclarado todavía es qué pasa con esos fondos
invertidos en el edificio, la mayoría europeos. El Ayuntamiento de Castilleja
de Guzmán también ha aprobado recientemente en Pleno solicitar a la Junta de
Andalucía que asuma los costes del derribo, dado que está condenada junto al
Ayuntamiento. Si la Administración no accede, se estudiará reclamarlo también
judicialmente.
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