69 municipios están expectantes ante la flexibilización del POTA
o. g. / m.j.g.n
Un total de 69 de los 105 municipios de Sevilla viven con expectación el anuncio de la Consejería de Obras Públicas de establecer algún margen de maniobra en el estricto Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) para los que tengan menos de 10.000 habitantes que en la provincia son prácticamente dos tercios.
En la provincia hay 73 municipios con menos de 10.000 habitantes, si bien cuatro de ellos ya tienen su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), e incluso tres de ellos al propio POTA. El resto de estos pueblos de menos de 10.000 habitantes, a excepción de El Ronquillo y Badolatosa que lo tienen aprobado provisionalmente y por tanto sólo están pendientes de la aprobación definitiva por parte de Obras Públicas, están en los primeros trámites para redactar sus planeamientos, tienen un avance o un PGOU aprobado inicialmente, por lo que podrán replantear sus intenciones según las nuevas consideraciones.Bollullos de la Mitación, con su ciudad deportiva del Sevilla FC, su campo de golf y su previsión en su PGOU aprobado inicialmente de 10.000 viviendas; Espartinas, con una estimación de 6.300 en el mismo estado; Valencina de la Concepción con una apuesta por más de 4.000 y obligada a reiniciar el proceso... y así hasta una veintena de municipios con aspiraciones ya hechas públicas por encima del POTA están expectantes ante la posibilidad de poder pelear al menos por salvar parte de sus proyectos hasta ahora vetados.
El panorama que se abre ahora da esperanzas para muchos municipios que veían limitadas sus aspiraciones de crecer por encima de los límites fijados por el POTA, que establece para todos –independientemente de su población y otras condiciones– una limitación del 30% para el incremento de la población y del 40% para la ocupación del suelo en un periodo de ocho años. Límites llevados a rajatatabla porque el último municipio de Sevilla en ver aprobado definitivamente su PGOU, Villanueva de San Juan, tuvo que ajustarse porque los superaba en una vivienda, y a Castilleja del Campo se le rechazó su PGOU por superar los límites.
Sin embargo, todavía no está claro qué permitirá la Junta para ellos con esta reconsideración que negocia con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Se establecerán en principio tres categorías: pueblos de menos de 2.000 habitantes, de menos de 5.000 y de menos de 10.000. Precisamente a finales de año se revisa el censo por lo que muchos desearán no llegar a esta cifra mientras negocian su PGOU, pese a que supone la llegada de más fondos.
http://www.correoandalucia.com/noticia.asp?idnoticia=4424170092097091096424170La rectificación urbanística de la Junta afectará al 93% de los municipios de Sevilla
07:24 Trinidad Perdiguero / SEVILLA. Un año después de la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que prohibió los crecimientos urbanísticos que superasen el 30 y el 40 por ciento de aumento de población y suelo urbano, respectivamente, en menos de ocho años, la Junta lo flexibilizará de un modo radical. El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, avanzó ayer que muy pronto los parques industriales que se incluyan en los PGOU no computarán, como hasta ahora, en el incremento de suelo y en el límite del 40 por ciento, con lo que podrán desarrollarse siempre, sin plazos, con el único requisito de cumplir con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
El objetivo es que ningún municipio pueda alegar que ha perdido una oportunidad de empleo y desarrollo por estar “encorsetado” por la norma, dijo, y aseguró que ésta, como el resto de innovaciones, están siendo estudiadas desde hace tiempo por técnicos de la Consejería de Obras Públicas y la FAMP y tienen “solidez jurídica y técnica para poder hacerse”. Su desarrollo se hará de forma simultánea al del Pacto por la Vivienda, aunque se quiere que los ayuntamientos las conozcan con claridad antes de fin de año, aunque su ajuste legal y entrada en vigor tarden más tiempo. La exclusión de los suelos industriales del POTA tendrá mucha trascendencia, dado que son las reservas empresariales y no las residenciales las que ocupan mayor extensión de suelo. El alcalde de Dos Hermanas consideró que la medida no entra en contradicción con que la Junta esté calificando parques empresariales como áreas de oportunidad. Éstas no se conciben como excepciones al POTA –aunque tampoco iban a computar–, sino como proyectos “estratégicos”, cuyo sentido va más allá de lo local y que tendrán “más carácter público, con una intervención directa de la Administración”.
Las innovaciones que la Junta introducirá en el POTA afectan además al tope del 30 por ciento para el aumento de población, como ya se avanzó tras la reunión que la Comisión Permanente de la FAMP mantuvo el miércoles con el presidente de la Junta, Manuel Chaves. Toscano precisó que las excepciones serán de dos tipos: una que afectará a los municipios con menos de 10.000 habitantes y otra que será de aplicación universal. Respecto a la primera, el alcalde socialista ratificó que, para hacer viable el desarrollo residencial de los municipios más pequeños, aunque también medianos, se les permitirá sobrepasar ese 30 por ciento de población, aunque no concretó la cifra exacta, que irá por escalones (para municipios con menos de 10.000, 5.000 y 2.000 empadronados), y que podría llegar al 50.
La segunda innovación tiene que ver con la ratio de habitantes por vivienda que la Junta aplica para calcular el aumento de población que tendrá una localidad en función de las viviendas que planea que se construyan. La novedad es que no se aplicará la misma ratio para todas, sino que será más pequeña cuando se trate de Viviendas de Protección Oficial (VPO). De esta forma se ajustaría más a la realidad de un mercado con viviendas vacías, familias menos numerosas y VPO de tamaño pequeño. A la vez, se incentivará a los ayuntamientos para que apuesten por la VPO. Toscano consideró que con estas medidas se mantiene el “espíritu” del POTA, de racionalizar el crecimiento, pero se le quita la “rigidez” y se “reconduce” para adaptarlo a cada realidad local. El objetivo es que Junta y ayuntamientos “colaboren en el desarrollo urbanístico para resolver los problemas de los ciudadanos”.
http://www.diariodesevilla.com/200170_ESN_HTML.htmLa ‘ley del péndulo’ y sus inconvenientes electorales09:24 Carlos Mármol / Sevilla. Era una mera cuestión de tiempo. De calendario. Sólo los ingenuos, además, se creyeron de verdad que la Junta podría aguantar indefinidamente el pulso. Y eso que el muro de contención –bautizado con el nombre de Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA)– se alzó hace sólo un año, cuando el ciclo inmobiliario ya auguraba claramente la llegada del nuevo escenario económico de desaceleración en el que ahora nos encontramos. Una situación, según los analistas, llena de incertidumbres. El riesgo asumido era pues bastante relativo. Pero ni así ha durado la cosa.
Las razones oficiales hablan de un pacto institucional en favor de la vivienda pública. Pero lo cierto es que las rotundas presiones del sector empresarial habían abierto brecha en la coraza del Gobierno andaluz. Éste, en todo caso, no es el único factor –ni siquiera el más importante– para explicar el viraje que, a sólo cuatro meses para las elecciones autonómicas, pretende acometerse por la vía de los hechos consumados mientras se pone en escena el cuento de navidad de las VPO. Parece evidente que hacía falta recurrir a una dramaturgia mínima para disimular cómo un gobierno democrático termina fagocitando el pilar esencial de su argumentario político. De ahí la insistencia en la coartada institucional.
Pero las auténticas razones son otras. Y pertenecen al juego electoral. La Junta se había echado la soga al cuello sola al alterar sin desmayo, y sin la suficiente mesura y prudencia requeridas, casi todas las reglas del juego –de poder– en el que se han convertido el urbanismo y la ordenación del territorio. En menos de un lustro el corpus jurídico vigente en Andalucía en esta materia se ha cambiado en un sinfín de ocasiones y con criterios tan distintos como gratuitos. Por vía directa, indirecta y casi de costado. No ha habido fórmula sin tocar. El resultado práctico de esta orgía de cambios legislativos, con independencia de que muchos de ellos fueran en cierta medida necesarios, ha sido dejar sin margen legal de movimiento a los ayuntamientos, en especial a los socialistas –la mayoría–, para poder cumplir una de las promesas claves de la Junta: la construcción de viviendas de protección oficial. Sin planes generales, con ellos paralizados o iniciados y detenidos en seco por los continuos cambios de criterio, no había posibilidad alguna de vender ante el electorado el maná de las VPO. La publicidad electoral no arregla este extremo. No quedaba otra que guardar la espada.
En realidad, toda la polémica política del POTA es un ejemplo de la llamada ley del péndulo. Se legisla desde los extremos –antes desde uno; ahora, desde otro– sin reparar en el punto medio que, según los clásicos, es donde reside la verdadera virtus política. La Junta, cuya dejadez en lo que a la política territorial se refiere se remonta a los albores de la autonomía misma, sorprendió hace un año a propios y extraños aprobando –vía enmienda parlamentaria– unas restricciones al crecimiento urbanístico y demográfico de los municipios andaluces que ajustaba el cinturón a ayuntamientos, constructores e inmobiliarias. En aquel momento había, como siempre, dos posturas contrapuestas: IU pedía una moratoria a la construcción y el PP mayor libertad para seguir llenando el campo de ladrillos. Los socialistas optaron, con su propia formulación legal, por la postura de la federación de izquierdas. Es de suponer que por su afán de hacer olvidar su política urbanística previa.El POTA, cuyas líneas generales eran más o menos razonables hasta que se introdujeron los límites al crecimiento de la discordia, y cuyo principal pecado quizás consistía en llegar demasiado tarde, dibujó un nuevo marco urbanístico único y cerrado para todos los municipios, sin tener en cuenta ni sus necesidades particulares ni tampoco su implantación territorial concreta. Cortó por lo sano, con lo cual dejó a muchos ayuntamientos pequeños fuera de un proceso que, paradójicamente, la Junta había consentido a otros décadas antes.
El nuevo escenario, pactado con la FAMP –la asociación de municipios–, peca precisamente del mismo defecto del POTA original: una receta única para (casi) todos, sin excepciones, pero en sentido justo opuesto a lo que hace un año se defendía. Su primera medida –excluir al suelo industrial de los límites al crecimiento urbanístico– parece lógica. Es razonable que ningún municipio se quede sin una inversión empresarial –siempre que ésta sea respetuosa con su modelo urbano– por una ley. Las normas se hicieron para facilitar las cosas, no para impedirlas. Pero aquí acaba todo. Sobre los cambios al aplicar los límites al crecimiento demográfico –que se quieren suavizar en el caso de las VPO– o la exclusión de los municipios de menos de 10.000 habitantes de las medidas de contención urbanística, las cosas ya no están tan claras. El primer punto quiebra el principio básico pregonado por la Junta en el último año, al sostener ahora que en una VPO van a vivir –estadísticamente hablando– menos personas que en un piso libre. ¿El problema cuál era? ¿El incremento demográfico artificial o el nivel de renta de estos habitantes? Los ayuntamientos deberían justificar estas operaciones con un estudio demográfico. En referencia a que los pueblos pequeños no queden afectados también hay contradicciones: ¿No son estas localidades las que más tensiones urbanísticas soportan? En el área metropolitana esta barra libre afectará a 24 municipios. La mitad de la Gran Sevilla. Excepciones hechas norma.
http://www.diariodesevilla.com/200181_ESN_HTML.htm
