18/11/07 EL PACTO O EL POTA

Una comisión decidirá caso a caso el crecimiento de los pueblos

La Junta 'transige' en flexibilizar el plan de ordenación

DIEGO NARVÁEZ / LOURDES LUCIO - Málaga / Sevilla - 18/11/2007

La presión ejercida por alcaldes de todos los partidos y especialmente del PSOE, ha sido determinante para que la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez del Castillo, haya admitido al fin flexibilizar para los municipios menores de 10.000 habitantes el límite de crecimiento que impone el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Pero en los últimos meses también ha habido dentro de la consejería un proceso de convencimiento propio sobre lo inapropiado de imponer el mismo límite para todos los municipios, independientemente de cual fuera su tamaño, su ubicación, o su perfil socioeconómico.
Los numerosos informes emitidos desde que hace 11 meses se aprobó el POTA han permitido ver que existen muchos municipios donde los equipamientos públicos ya existentes tienen capacidad para satisfacer crecimientos poblacionales superiores al 30%, el límite impuesto por el plan. Lo que la Junta quería evitar con esta limitación es la proliferación de núcleos urbanos sin las adecuadas dotaciones públicas y procurar un crecimiento más ordenado y programado, pero ese fenómeno se ha dado sobre todo en los municipios de las áreas metropolitanas que han crecido en aluvión y a los que ese tope del 30% apenas plantea inconvenientes.
Los municipios de menos de 10.000 habitantes, por el contrario, no han experimentado tanta presión y han crecido en la última década por debajo de la media regional. La Junta finalmente ha decidido 'transigir' con éstos en la aplicación del POTA, según el término empleado por un miembro del Gobierno.
Desde el mes de septiembre, Gutiérrez y la secretaria de Política Municipal de la ejecutiva regional del PSOE, Carmen Tovar, se han entrevistado con cerca de 500 alcaldes socialistas, que reclamaban interpretar con distinta mirada la situación de los pueblos pequeños. Una vez que el acuerdo interno estaba ahormado éste se trasladó a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el ámbito donde se ha conversado con la oposición.
Para el PSOE, los ayuntamientos son la clave del éxito del Pacto por la Vivienda que pretende Chaves para construir 350.000 casas de protección en la próxima década. Paralelamente a las reuniones con los alcaldes socialistas, el propio presidente de la Junta y los miembros del Gobierno han celebrado reuniones reservadas con otros sectores implicados para que la negociación llegue a buen puerto.
Pero el plan no se va a modificar, sino que se 'flexibilizan sus criterios de aplicación', a no ser que un dictamen encargado por la consejería aconseje lo contrario.
La norma 45 del POTA establece que un municipio no podrá incluir en su planeamiento urbanístico a ocho años vista un crecimiento poblacional superior al 30%, ni incrementar el suelo urbanizable por encima del 40% del existente. Los municipios menores de 10.000 habitantes podrán ser excepción y superar estos márgenes con porcentajes distintos en función del número de habitantes (entre 10.000 y 5.0000, entre 5.000 y 2.000 y para los menores de 2.000). Son en total 626 municipios que suman una población de 1.612.000 habitantes, menos de la quinta parte de la comunidad autónoma pese a que son el 81% de los ayuntamientos.
Con todo, cada caso será tratado de forma individualizada, y será la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanismo, constituida el pasado mes de abril. La comisión, a la que pertenecen miembros de todas las consejerías de la Junta y de las agencias del Agua y de la Energía, se pronunciará sobre la suficiencia de las infraestructuras, de forma que, según la consejería, no se aprobará ni una sola excepción a los crecimientos previstos en la norma 45 del POTA si los equipamientos públicos no son suficientes para toda la población.
La Junta también va a 'transigir' con un segundo aspecto que afecta a todos los municipios, y es que no se computarán los suelos industriales para el cálculo del 40% máximo de nuevo suelo urbanizable que se permite en un plan. La consejería ya había excluido de este cómputo a los suelos de infraestructuras de interés estratégico y a los que reservan para algún uso público los planes subregionales de ordenación.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/comision/decidira/caso/caso/crecimiento/pueblos/elpepuespand/20071118elpand_3/Tes


El pacto o el POTA

J. MÉNDEZ / F. P. MONGUIÓ - Sevilla - 18/11/2007

El Pacto por la Vivienda propuesto por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, a los agentes intervinientes en la construcción de viviendas ha tenido un efecto bumerán sobre la polémica legislación contenida en el POTA. Este plan, que fue recurrido ante los tribunales por sus restricciones por los constructores y promotores y por el Partido Popular, puede quedar ahora totalmente descafeinado, según opinan fuentes de los negociadores de la mesa de concertación.
La CEA propone un modelo de VPO con precios de 180.000 a 210.000 euros
El POTA se somete de nuevo al filtro de la concertación
El inicial acuerdo alcanzado esta semana por la Junta y la FAMP para flexibilizar algunos de los aspectos más controvertidos del plan, ha dado pie a que en la negociación del pacto, en el que de momento se sientan Junta, sindicatos y patronal, se negocien modificaciones que anularán casi en su totalidad las restricciones del POTA, mantienen las citadas fuentes. Es decir, que no se podría declarar urbanizable más del 40% del suelo urbano consolidado, ni ampliar el planeamiento con viviendas que supusieran un incremento de población superior al 30% actual.El preacuerdo con la FAMP supone que 626 pueblos andaluces que tienen menos de 10.000 habitantes y que suponen el 81% del total de 770 municipios andaluces no tendrán que cumplir estrictamente las limitaciones de crecimiento en población y de suelo urbanizable establecidas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Los alcaldes andaluces (de los 770 un total de 491 son socialistas) han logrado en primera instancia una rebaja sustancial del POTA, después de que la Junta aceptase fijar nuevos límites y sacar los suelos industriales del porcentaje de crecimiento limitado.
Desde la Junta se ha planteado este acuerdo como un reajuste del plan, pero lo cierto es que la rebaja empieza a ser significativa y, de quedarse ahí, podría despertar además reivindicaciones de Ayuntamientos que alegaran agravios comparativos entre poblaciones de tamaño muy parecido.
La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, confirmó que la Junta asumirá las peticiones de los alcaldes porque, según explicó, la mayoría de los 626 municipios de menos de 10.000 habitantes han crecido en suelo y en habitantes por debajo de la media andaluza cuando, sin embargo, 'disponen de unos equipamientos superiores a las necesidades de la población real que tienen'.
La realidad política sin embargo es más bien otra. Más del 90% de los municipios andaluces no habían atendido o cumplido las recomendaciones que el departamento de Gutiérrez inició con la promulgación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y la posterior del POTA.
En el primer caso, porque los municipios tuvieron más de cuatro años para modificar sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y sólo 46, cumplimentaron el trámite en tiempo y forma el pasado mes de enero. O lo que es lo mismo, el 93% de los municipios se quedaron con PGOU antiguos, bloqueados, y frenados en sus posibilidades de crecimiento más aún con la entrada en vigor del POTA y sus limitaciones de crecimiento.
Y en segundo lugar, porque con el POTA en la mano, la FAMP aseguraba era imposible poner a disposición de la promoción de viviendas de protección oficial suelo suficiente para cubrir los objetivos del pacto, y de la futura Ley del Derecho a la Vivienda, anunciada dentro del paquete de medidas que el PSOE incluirá en su programa electoral y que no verá la luz hasta la próxima legislatura.
Por esa razón esta primera rebaja no hace sino presagiar otras sucesivas en las próximas semanas, opinan fuentes de la mesa de la concertación.
En la comisión que pretende alcanzar el Pacto por la Vivienda anunciado por Chaves y cuyo objetivo es construir 700.000 viviendas en 10 años, 350.000 de ellas protegidas, se estudia ya un documento de los empresarios que apunta a nuevas modificaciones del POTA, que hace aún más livianos los límites establecidos al crecimiento urbanístico. Además, los empresarios han conseguido una reivindicación que les llevó a uno de los desacuerdos más sonados de la legislatura que está a punto de concluir. La CEA escenificó una ruptura del acuerdo de concertación cuando el POTA fue modificado en el Parlamento, a requerimiento de IU, y endurecido respecto a lo que inicialmente se había pactado en la mesa de la concertación social.
Ahora el POTA regresa a la mesa de concertación y allí sindicatos y empresarios ya han puesto condiciones para firmar el pacto previa modificación de algunas de las normas. 'Remitir a la concertación tripartita las iniciativas no consensuadas, como es la aplicación del POTA y los Planes de Ordenación del Territorio'. Así reza una de las propuestas contenidas en el documento entregado por la CEA en la primera de las reuniones de la mesa que persigue el pacto.
Hasta nueve modificaciones del POTA plantea la CEA, que además insta a la agilización de la tramitación tanto para el desarrollo de suelos de VPO como para el planeamiento.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/pacto/POTA/elpepuespand/20071118elpand_2/Tes


Los empresarios esperan una oferta firme sobre el nuevo Plan de Vivienda

El sector pide un convenio para elevar la cifra final de VPO

Esther Vila SEVILLA- El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, reiteró a principios de esta semana la «invitación» del Ayuntamiento a los constructores y promotores para involucrarse decididamente en el desarrollo del Plan Municipal de Vivienda 2008-2011. Los mensajes en este sentido desde el equipo de Gobierno son constantes, porque las cifras de este programa dejan en manos de las compañías privadas buena parte del peso de su ejecución. Pero lo cierto es que los empresarios todavía esperan una oferta en firme del Ejecutivo local, para concretar esta participación en el crecimiento urbano de la ciudad durante los próximos años.
El gerente de la Asociación de Promotores y Constructores de Sevilla (Gaesco), Miguel Sillero, explica que «a día de hoy poco se sabe» sobre la colaboración de las empresas en un plan municipal que contempla la creación de 22.217 viviendas de protección oficial. El propio alcalde calculó que esta cifra puede elevarse hasta «23.000 ó 25.000» VPO, siempre dependiendo de la buena voluntad del sector privado.
Al respecto, Sillero reiteró a LA RAZÓN de Sevilla que, de momento, los empresarios sólo han mantenido «algunas conversaciones» con los responsables municipales, pero dejó bien claro que en su organización «estamos absolutamente dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento para hacer posible el cumplimiento» de un plan realmente ambicioso, «y así lo hemos hecho saber al alcalde».
PGOU agotado
Eso sí, Sillero dejó claro que esta colaboración deberá plasmarse en un convenio, como el suscrito al comienzo del Plan de Vivienda 2003-2007, a punto de expirar y que tuvo «unas importantes limitaciones por el desarrollo de un Plan General de Ordenación Urbana muy agotado después de 18 años».
Ahora, los constructores y promotores «demandamos aumentar la presencia de la iniciativa privada en el desarrollo del nuevo PGOU, que ha supuesto un balón de oxígeno» para el sector. No obstante, Sillero recordó que las empresas ya superan a Emvisesa en cuanto a la creación de viviendas públicas.
Desde la patronal de la construcción se insiste en que están totalmente dispuestos a edificar más VPO, pero con «unas condiciones mínimas», garantizadas en el convenio pendiente de negociación. El gerente de Gaesco se refiere de esta manera a una política fiscal que «no entorpezca el desarrollo» de los pisos protegidos, y también a una importante ampliación de las viviendas a precio tasado «y limitado».
Según defiende Sillero, esta última fórmula permite el acceso a una VPO a familias con rentas medias, o sea, con ingresos superiores a 5,5 veces el Iprem (salario mínimo). Además, su adjudicación no implica subvenciones públicas, por lo que su ampliación «no supondría una mayor carga a las administraciones».
Mientras en Gaesco esperan que desde el Ayuntamiento «se nos convoque», Urbanismo y Emvisesa siguen realizando los «trabajos técnicos previos, imprescindibles para asegurar una adecuada coordinación de la ejecución del plan».
Plazos
Desde la Gerencia de Urbanismo se reitera que «esperamos proceder a la aprobación inicial antes de que finalice 2007». Pero desde su entrada en vigor sólo podrá comenzar la promoción de las 18.288 VPO previstas en suelos ordenados y sectorizados (un 40,63% de las 45.010 viviendas contempladas en terrenos con esta calificación).
Ya a partir de 2009, el nuevo plan prevé otras 3.939 VPO en áreas de reforma interior (de las 9.281 viviendas permitidas). El calendario detallado de ejecución «está siendo estudiado por los técnicos», subraya Urbanismo, aunque la previsión «sigue siendo mantener las fechas» anunciadas, dependiendo «de los propietarios de estos suelos».
Algo parecido ocurre con otras 3.994 VPO admitidas por el PGOU (2.000 en suelo urbanizable transitorio y 1.994 en sectores de terreno urbano no consolidado), para cuyo desarrollo «sólo ha habido algunas solicitudes informales de propietarios». En estos suelos reserva el PGOU, en total, espacio para las 9.095 viviendas que el Consistorio admitía convertir, en parte, en protegidas. Esta medida sigue en suspenso y a expensas de los dueños del terreno.

http://www.larazon.es/noticias/noti_aut32537.htm