Maeztu 'abronca' a la Junta por el caso de la escuela
de hostelería ilegal
Cree que en asuntos
similares que dañen el erario público los responsables públicos
"debieran" responder con su patrimonio
La Consejería esgrimió
informes favorables del Consejo Consultivo
Trinidad Perdiguero 23 Abril, 2017 - 02:34h
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha
dedicado un apartado dentro de su último informe, presentado hace unos días en
el Parlamento, al caso de la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán, demolida
tras una sentencia del Tribunal Supremo. Comenzó a construirse sobre una zona
verde que, con las obras en marcha, se modificó a propuesta del Ayuntamiento,
pero con el aval de la Junta. Según la sentencia, ese cambio "no obedeció
a la búsqueda y satisfacción de los intereses generales, sino a enmendar una
actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento" y ordenó la
demolición.
Maeztu censura la actuación de la administración
local y la autonómica -cuya resolución avalando el cambio urbanístico fue la
recurrida en los tribunales-, en un caso sobre el que abrió un expediente de
oficio y que usa para "llamar la atención" sobre las graves
consecuencias que las "acciones u omisiones" en materia urbanística
que toman los responsables públicos pueden tener en el erario público. Aboga
por que se investiguen "siempre" las "posibles responsabilidades
en las que hayan incurrido" quienes toman las decisiones. "Debieran
responder con su patrimonio" cuando, como consecuencia de sus acciones
hacen que se pierden fondos públicos, defiende. El Defensor anuncia que su
oficina ha iniciado hace poco una "línea de actuación" específica,
cuyo objetivo es llamar la atención y alertar a las autoridades y
funcionarios" en este aspecto. En su informe, también cita otras
actuaciones urbanísticas que han terminado suponiendo menoscabo para el erario
público del ayuntamiento granadino de Almuñécar o el de Vera, en Almería.
El Defensor ha iniciado una "línea
de actuación" para advertir a cargos públicos y funcionarios
El edificio demolido sin usar en Castilleja se
levantó con "fondos Feder destinados a la generación de empleo",
recuerda Maeztu, "que no han alcanzado el objetivo previsto", en
"una comunidad autónoma que padece un 30% de desempleo". El Defensor
inició la actuación de oficio por este caso en marzo de 2015, tras la
diligencia del TSJA en la que instaba al Ayuntamiento a poner plazos a la
demolición. En las conclusiones, Maeztu valora "negativamente la actuación
de las dos administraciones", la local y la autonómica, y demanda que
"se tome buena nota de ello" y "no se adopten" decisiones
similares "que puedan tener tan graves consecuencias".
En la tramitación de esta actuación, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio mantuvo ante Maeztu que
"no se cumple los presupuestos" para exigir responsabilidad
patrimonial derivada de sus accciones, porque la modificación pasó y se aprobó
también en la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
previo informe favorable del Consejo Consultivo. También contaba con informes
sectoriales favorables. "Sin embargo -dice Maeztu- esta institución debe
resaltar que el proceder de estas dos administraciones, local y autonómica, al
proponer la citada modificación del planeamiento, por más que fuera avalada por
el dictamen del Consejo Consultivo, no puede estimarse como ejemplar, genere o
no una posible responsabilidad patrominial", insiste.
El Defensor muestra además su sorpresa por cómo
ha acabado este caso, por el que llegó a abrir otra queja previa. Entonces, la
Junta le informó de que había pedido al Ayuntamiento la anulación de la
licencia de obra. Fue después cuando aprobó la modificación urbanística
propuesta por el Ayuntamiento y las obras siguieron, en tanto que se
pronunciaban los tribunales.
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