El Consistorio reserva 200.000 euros para tirar la Escuela de Hostelería
La modificación presupuestaria se
aprueba hoy en el Pleno para cumplir con el fallo del TSJA que declaró ilegal
el edificio.
Trinidad
Perdiguero , | Actualizado 25.11.2015 - 07:13
El
Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán dará hoy -un año después de que el Supremo
confirmara la sentencia del TSJA que en 2012 declaró ilegal el edificio de lo
que iba a ser Escuela de Hostelería- un paso en firme para la demolición. Según
ha confirmado el alcalde, Tasio Oliver (IU), en el orden del día del Pleno de
hoy se incluye una modificación para detraer de otras partidas del presupuesto
207.000 euros que, según se estima, son necesarios para el derribo. Éste sólo
está pendiente ya del proyecto técnico -se dará cuenta de una resolución para
pedir a la Diputación que lo redacte- y de que las obras se adjudiquen. De todo
ello se informará al TSJA, que ha exigido datos al Consistorio sobre cómo
ejecutar el fallo.
El regidor no da plazos, pero éstos no podrán demorarse. En los autos y providencias del TSJA que se han sucedido en estos meses (en respuesta a las aclaraciones que pidió el anterior gobierno socialista) se deja claro que no caben alternativas ni dilaciones. En el último escrito, del mes de octubre, el TSJA rechaza incluso la "apertura de un expediente de reposición de la realidad física alterada", con la que el anterior gobierno respondió a las exigencias y urge a la demolición. La escuela se comenzó a edificar, con fondos de la Junta, sobre unos suelos calificados en las normas urbanísticas de Castilleja de Guzmán como zona verde. La modificación de los usos posibles en el suelo se hizo ya a posteriori, cuando los vecinos se quejaron y denunciaron públicamente el caso. La Justicia ha dictaminado que ese cambio urbanístico no se ajustó a derecho.
Oliver, alcalde desde junio de
El dinero para
el derribo se sacará ahora de partidas que, teniendo en cuenta que el
presupuesto está prorrogado, no se habían ejecutado y se espera una rebaja en
la adjudicación. El gobierno ha solicitado reunirse con la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, y está en contacto con la Mancomunidad.
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