El gerente de Aroa niega haber usurpado suelos y lamenta las "represalias" del Ayuntamiento de Castilleja
El director gerente de 'Aroa S.L.', Antonio Díaz, atribuyó hoy a una "represalia" la iniciativa del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), gobernado por Carmelo Ceba (PSOE), de reclamarle judicialmente compensaciones por la "usurpación" de 2.500 metros de suelo público mediante la construcción de la urbanización 'La Ladera', dado que este consistorio aljarafeño adeuda actualmente 555.887,37 euros a esta empresa por la edificación de la casa consistorial y algunos viarios.
EUROPA PRESS. 21.06.2010
En declaraciones a Europa Press, Antonio Díaz negó que con la construcción de la urbanización 'La Ladera' haya "cogido" suelos de dominio público, porque "tengo los linderos muy claros" y la urbanización de los suelos se ajustó a "unos límites" previamente establecidos.
En ese sentido, recordó que la sentencia del Juzgado de lo Penal número 13 que condena al ex técnico municipal José Domingo M.Q. por un delito contra la ordenación del territorio, pues informó favorablemente sobre la tramitación de dicha urbanización pese a contravenir las normas subsidiarias del planeamiento urbano, no implica en los hechos a la promotora de la iniciativa.
De cualquier forma, Antonio Díaz dijo que, por su parte, "yo no lo he hecho mal" y defendió el respeto a los "linderos" estipulados a la hora de acometer la construcción de la urbanización, por lo que atribuyó las acciones legales anunciadas por el alcalde a "una represalia", pues el Gobierno municipal socialista "se agarra a lo que sea" para intentar contrarrestar la situación que afronta al adeudar a 'Aroa S.L.' 555.887,37 euros por la construcción de viarios y de la casa consistorial.
La sentencia
En concreto, la iniciativa del Gobierno municipal arranca de una sentencia del Juzgado de lo Penal número 13 fechada el 23 de octubre de 2009 y recogida por Europa Press. El fallo, en ese sentido, parte de la aprobación definitiva en 1990 de las normas subsidiarias del planeamiento urbano de Castilleja de Guzmán, que para la unidad de actuación de la urbanización 'La Ladera' contemplaba una reserva de 2.200 metros cuadrados para zonas verdes.
Sin embargo, el mencionado fallo advierte de que en noviembre de 1994, el pleno del Ayuntamiento aprobada definitivamente el estudio de detalle de esta urbanización "pese a las numerosas contradicciones" que contenía respecto a las mencionadas normas subsidiarias, incluyendo aspectos como el aumento de la zona de edificación mediante la "invasión" de espacios verdes y viales, todo ello siempre con el informe favorable del entonces técnico municipal José Domingo M.Q.
"perjuicio a la cosa común"
"Con sucesivas correcciones al proyecto, se fueron aprobando incrementos de zona edificable que llegaron a ser de 2.500 metros cuadrados aproximadamente, obtenidos del dominio público en beneficio de los particulares que lindaban con determinados viales y zonas verdes que han sido invadidos causando el perjuicio equivalente a la cosa común", figura en esta sentencia en cuanto a los trámites administrativos salvados por esta iniciativa urbanística gracias a los "informes favorables" del ex técnico municipal condenado.
Además, entiende la magistrada juez Carmen Barrero que ha quedado "acreditado" la existencia de "proyectos de parcelación reformada que suponen un incremento de la superficie de los terrenos privados en relación con las normas subsidiarias y en detrimento de viales y zonas verdes y que contaron con informes favorables" por parte de José Domingo M.Q., concretamente los días 2 de junio de 1997, 26 de mayo de 1998 y 1 de julio de 1998.
En ese sentido, concluye la sentencia que José Domingo M.Q., por su "especial posición" como técnico municipal, "no podía desconocer" las "evidentes alteraciones que se consumaban respecto a las normas subsidiarias del planeamiento urbano vigente", extremo esgrimido a la hora de condenarle por un delito contra la ordenación del territorio. Además, el propio acusado se adhirió a la petición de la Fiscalía, que reclamaba para él una sanción económica de 2.880 euros y una inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público de ocho años de duración.
http://www.20minutos.es/noticia/743434/0/
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