Castilleja
de Guzmán (Sevilla) adjudica el derribo de la escuela de hostelería
CASTILLEJA DE GUZMÁN (SEVILLA), 17 Oct. (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), gobernado por
Anastasio Oliver (IU-CA), ha aprobado recientemente adjudicar a la empresa
Erri-Berri S.L. el proyecto de demolición de la escuela de hostelería
construida años atrás por el propio Consistorio, la Mancomunidad para el
Fomento y Desarrollo del Aljarafe y la Consejería de Empleo, y cuyo derribo fue
ordenado por la Justicia.
En concreto, y según las fuentes consultadas por Europa Press, el
Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán celebró el pasado 3 de octubre una sesión
extraordinaria, con un primer punto "sobre adjudicación del contrato de
obras de demolición del edificio destinado a escuela de hostelería",
extremo aprobado con siete votos a favor y cuatro abstenciones. La sociedad
adjudicataria del contrato, aún por firmar, es Erri-Berri y el importe de la
contratación es de unos 120.0000 euros, impuestos incluidos.
LA ESCUELA
DE HOSTELERÍA
El conflicto, recordémoslo, deriva del recurso de un colectivo de
vecinos contra la aprobación definitiva, en 2009, de una modificación del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castilleja de Guzmán, destinada a la
ordenación y nueva delimitación de las parcelas de espacios libres y
equipamientos ubicadas entre las calles Álvarez Quintero y Gustavo Adolfo
Becquer.
Y es que en esta zona de espacios libres el Ayuntamiento, la
Mancomunidad para el Fomento y Desarrollo del Aljarafe y la Consejería de
Empleo construían ya por aquel entonces una escuela de hostelería.
Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA), ratificada en 2014 por el Tribunal Supremo, esta modificación del
planeamiento urbano tenía como destino no los "intereses generales, sino
intentar enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio
Ayuntamiento", entonces gobernado por el PSOE, en lo que se refiere a la
ordenación en la que se encuadraba el proyecto de escuela de hostelería, dado
que los trabajos de construcción estaban ya en marcha antes de que fuese
aprobada definitivamente la modificación del planeamiento.
"ILEGALIDAD
PROVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO"
"La modificación no obedeció a la búsqueda de los intereses
generales, sino a intentar enmendar una actuación de ilegalidad provocada por
el propio Ayuntamiento", señalaba el fallo del TSJA, que declaraba
"espuria" la mencionada modificación urbanística de 2009 y ordenaba
derribar las construcciones porque "no pueden encontrar amparo
jurídico". "En la parcela se infringió el orden jurídico con la
construcción realizada antes de la modificación del plan general",
insistía el fallo.
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