La ciudad es de todos
El autor
reflexiona sobre las leyes urbanísticas y su aplicación
Jorge Benavides Solís
Afirmar
que la ciudad es de todos es una obviedad histórica, teórica y lógica, pero
difícil de hacerla práctica, de constatarla y, a veces, hasta de comprenderla.
Las urbanizaciones privadas (exclusivas) con accesos controlados proliferan. En
La Finca, en Pozuelo de Alarcón, vive gente (Ronaldo) con ingresos anuales
mayores a un millón de euros. Es un ejemplo. Dentro de la globalización de la
economía capitalista aparece como una tendencia paradójica. Fue la conclusión
implícitamente aceptada en un concurrido foro sobre el tema realizado en
Castilleja de Guzmán, municipio cuya extensión es de apenas dos kilómetros
cuadrados.
En
España su tamaño no es una excepción porque existen 15 municipios con menos de
un kilómetro cuadrado; Emperador, en Valencia, tiene apenas 3 hectáreas . Entre los
más extensos están Jerez, Écija y Carmona, con más de 900 kilómetros
cuadrados cada uno. Son rémoras históricas de cuando numerosos señoríos
(jurisdicción privada), abolidos completamente en febrero de 1837, se
convirtieron en municipios.
Si la Ley no se
modifica, al menos que pueda ser interpretada y enriquecida
¿Por
qué a los partidos políticos no les llama la atención y no proponen algo para
racionalizar esta extraña situación administrativa del país?
En el
Señorío de los Condes de Montelirio, nombre de uno de los dos dólmenes en la
Hacienda Divina Pastora, así transformada por su nuevo dueño, el Conde de
Castilleja de Guzmán que construyó el palacio y encargó el diseño del Jardín a
Nicolás Forestier (BIC con entorno delimitado desde 2015). En 1930 lo vende a
Lissen Hermanos, siete años después es donado a la Junta de Utilización de
Inmuebles, que a su vez lo cede al Ayuntamiento de Sevilla. En 1943 pasa a
manos del Ministerio de Educación para convertirse en residencia de artistas,
estudiantes y profesores hispanoamericanos. Finalmente, la Universidad de
Sevilla en 1964 abre las puertas del Colegio Mayor Santa María del Buen Aire.
En todo este tiempo el Ayuntamiento ha sido un mero espectador, pues no tenía,
como ahora, la suficiente demanda social del pueblo para municipalizarlo.
A fines
del siglo XIX, según Madoz, Castilleja de Guzmán tenía "25 vecinos, 105
almas". Actualmente tiene 2.855 habitantes. Por imposición de los
promotores de 853 futuras viviendas, duplicará la población. Según el catastro
oficial, el municipio tiene 140 hectáreas urbanas y 60 rústicas en manos de
seis propietarios. El dueño de una de ellas (39 hectáreas ), el
Ministerio de Defensa, las tiene como un "campo de tiro"; limita con
bloques de vivienda de Camas. Inexplicable anomalía en el siglo XXI pues la
Mili ha desaparecido.
Según la
Ley Urbanística de Andalucía con criterio igualitarista digno de mejor fin,
tanto un municipio de 1.188
kilómetros cuadrados (Jerez) como uno de 200 hectáreas
(Castilleja de Guzmán) deben redactar su propio PGOU, sin tomar en cuenta la
proximidad a los equipamientos de los municipios vecinos ni la reducida
superficie disponible para su expansión, en este caso, de apenas 20 hectáreas . Las 40 hectáreas restantes
de suelo rústico no son urbanizables; tienen protección especial.
El
artículo 1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) dice:
"La presente Ley tiene como objeto la regulación de la actividad
urbanística y el régimen de utilización del suelo, incluido el subsuelo y el
vuelo en Andalucía". La Ley no está concebida para hacer ciudad en sentido
integral ni para construir ciudadanía. Como se constata, toma en cuenta
solamente la extensión, la ocupación del suelo, el uso y la actividad lucrativa
para edificar. No define lo que es una ciudad, tampoco precisa el contenido de
ciudadano o ciudadanía. Distorsiona el significado de la sostenibilidad
definida en el Informe Brundtland. Incluye los índices de edificabilidad pero
no los de habitabilidad ni los del consumo de suelo por habitante. Peor aún el
Índice de Felicidad (principio de alguna Constituciones) que hasta el Banco
Mundial ha tratado de incorporarlo como un indicador de desarrollo: el IPG
(Genuine Progress Indicator) que se apoya en el PIB.
Si fuera
así, el libre mercado hubiese estado controlado y la corrupción urbanística
habría sido menor. Más aún, si por los presupuestos municipales no fuera
forzoso declarar urbanizable el suelo rústico, más allá de lo necesario.
Es el
caso de Castilleja de Guzmán, cuyo alcalde está atado de pies y manos por
intrincados convenios urbanísticos que convierten el PGOU y a su redactor en un
simples instrumentos de los propietarios de un suelo legalmente aún rústico. Lo
peor es que la Ley lo permite y, siendo así, la Junta lo tolera. En estas
condiciones, ¿cómo se construye la ciudad? ¿con la desidia social, con la
imposición de los dueños del suelo y con una Ley dirigida a estimular la
actividad urbanística ignorando la actividad urbana no lucrativa: la
ciudadanía?
Si la
Ley no se modifica, al menos puede ser interpretada y enriquecida con
innovadoras e imaginativas propuestas hechas por técnicos y políticos. Así, la
anomalía histórica o excepción puede convertirse en singularidad para recuperar
la memoria ampliar el Jardín de Forestier en su entorno, construir identidad
cultural, hacer bella y de todos la ciudad.
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