Tribunales
Fiscal pide un peritaje "imparcial" tras negar Cultura el valor de los hornos almohades "arrasados"
SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 20 un peritaje "imparcial" e "independiente" en cuanto a los restos arqueológicos destruidos en la Puerta de Jerez durante las obras previas a la peatonalización e instalación del tranvía, todo ello después de que el perito-arqueólogo de la Delegación Provincial de Cultura --que inicialmente había calificado los hechos de "expolio"-- haya asegurado en un último informe que "el estado del horno era muy malo" y que "el objeto en sí carecía de valor".
En este sentido, la Fiscalía considera que "llama la atención" que en el último informe del perito-arqueólogo propuesto por el Ministerio Público "se hagan afirmaciones que minimizan o directamente excluyen el daño al patrimonio histórico", y además este perito "introduce novedosamente ante la juez declaraciones del imputado --el ingeniero jefe de las obras-- acerca del nivel freático, no mencionado antes por él, y el riesgo que según éste se derivaba para las personas y bienes".
En dicho informe, según las fuentes consultadas por Europa Press, este perito-arqueólogo habría señalado, en referencia a las declaraciones del imputado, que "a la vista del nivel freático del agua y de la lluvia no se hubiesen podido salvar esos hornos"; que "el perjuicio no es de valor patrimonial porque el bien carecía del mismo", y que "no hay daño patrimonial sino conflicto de intereses", considerando el fiscal que estas afirmaciones, "fuera de las interesadas alegaciones para justificar su decisión de continuar las obras sin respetar cautelas arqueológicas, deben ser contrastadas por el alcance que poseen".
Así, el Ministerio Público entiende que "si se tiene en cuenta la imparcialidad que se supone al técnico y el hecho de que hasta ahora sea cabalmente el único perito propuesto, sus ultimas afirmaciones excluyen todo valor histórico y arqueológico de los restos hallados y arrasados, lo que posiblemente determinaría la atipicidad penal de la conducta del ingeniero jefe de las obras, con el consiguiente sobreseimiento de las actuaciones".
En esta línea, y según precisaron las fuentes consultadas por Europa Press, la Fiscalía añade que el articulo 323 de la Ley Penal "exige que el valor de los daños al patrimonio histórico sea superior a 400 euros, lo que ahora se niega pues el perito no le concede ningún valor", añadiendo que "esa determinación económica no se ha conseguido obtener hasta ahora del perito, por mas que para el profano puede ser evidente que superan esa cantidad fijada en la Ley Penal o que bienes de esa naturaleza pueden tener un valor simplemente incalculable por estar fuera del mercado".
PERITOS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA
Así, y con el objetivo de "contrastar" si gozan de credibilidad las alegaciones del imputado "respecto a que concurría un riesgo grave e inmediato de sifonamiento por las características geotécnicas del suelo, por el nivel freático y el agua acumulada", pide del juzgado instructor que se recabe otro informe pericial de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, a fin de que dos arqueólogos del Servicio de Planificación y Evaluación de Bienes Culturales informen de cuatro aspecto concretos.
Así, la propuesta de estos dos peritos va dirigida a determinar "si los hornos hallados tienen algún valor histórico o arqueológico o si son compartibles las aseveraciones del anterior perito; si en el primer caso es posible fijar que el valor de los daños supera los 400 euros; si entienden que podían conservarse los restos y ello tenia razón de ser desde el punto de vista histórico o arqueológico, fuera extrayéndolos, restaurándolos o dejándolos en el lugar, y si de las fotos aportadas, declaraciones y visto el estado de los hornos se deduce riesgo de derrumbe por sifonamiento".
Por último, y según las fuentes consultadas por Europa Press, la Fiscalía solicita que, por parte del juzgado, se nombre a un perito ingeniero para que, con los datos de la causa, informe si puede deducirse que concurría riesgo estructural de sifonamiento, "y si todo ello aconsejaba actuar desobedeciendo la orden de paralización, por su urgencia, como se hizo por el director de las obras, dado el supuesto compromiso para trabajadores y edificios valiosos del lugar".
LOS HECHOS
Las actuaciones derivan de la denuncia que en su momento formulara la asociación 'Solidaridad del Taxi' contra el proyecto promovido por el Ayuntamiento de Sevilla para peatonalizar la Puerta de Jerez y la avenida de la Constitución, si bien los aspectos tratados por el Ministerio Público se reducen sólo a la destrucción de cuatro hornos almohades por la constructora Martín Casillas en el marco de las obras previas que ejecutaba Emasesa para el desvío y la reposición de los servicios públicos afectados.
Visto el informe que ya redactó al respecto un arqueólogo de la Delegación provincial de la Consejería de Cultura, documento que sirvió de base para imponer una sanción de 24.878 euros a Emasesa como responsable de estos trabajos, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Instrucción número 20 la práctica de toda una serie de pruebas periciales y testificales al objeto de dilucidar las responsabilidades concretas de la destrucción de estos vestigios históricos.
Según la documentación recabada por Europa Press, los orígenes del caso se remontan al 30 de marzo de 2006, cuando la Delegación de Cultura elaboró un informe de las obras proyectadas en la Puerta de Jerez a partir de la visita de uno de sus arqueólogos especialistas, José Manuel Rodríguez Hidalgo. El informe señalaba que las obras que Martín Casillas ejecutaba por orden de Emasesa en la zona afectaban a "una zona de alto potencial arqueológico" encuadrada en el sector siete 'Catedral' del Conjunto Histórico de la ciudad, catalogado como Bien de Interés Cultural.
Aunque la Consejería de Cultura había suspendido las obras de Emasesa en la Puerta de Jerez por incumplimientos administrativos en el proyecto, finalmente se permitió reanudar los trabajos entre el 24 y el 15 de abril atendiendo a lo "singular" y la "envergadura" de la obra, aunque ya el 25 de abril tanto la arqueóloga de Martín Casillas como José Manuel Rodríguez Hidalgo constataban la destrucción "fuera de los requerimientos exigidos" y "sin metodología arqueológica" de los cuatro hornos almohades rescatados a 2,3 metros bajo el nivel del suelo.
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