Jorge Benavides Solís. Doctor en Arquitectura. Profesor TU ETSA
Valencina de la Concepción en el Aljarafe bulle: los conflictos políticos locales desde hace algunos años mantienen variada continuidad y actualidad, las denuncias por la firma irregular de convenios urbanísticos han sido frecuentes y la situación presupuestaria es anémica. Hay políticos procesados e intranquilidad pero, se vislumbra luz en el horizonte. La situación en Castilleja de Guzmán es algo similar pero con mayor cohesión partidista.
Según la prensa (25.10.10), el Ayuntamiento de Valencina ha solicitado a la Directora General de Bienes Culturales de la Junta, que las “administraciones públicas adquieran los suelos en los que se enclava el dolmen de La Pastora, descubierto en 1860 como legado de las culturas prehistóricas de los siglos II o III antes de Cristo”. Es una idea que bien se podría reorientar hacia un objetivo más ambicioso y trascendental. Lo explico.
Valencina comparte con Castilleja de Guzmán, una zona megalítica de importancia europea: más de 400 Hectáreas protegidas, en la que están incluidos los dólmenes de Matarrubilla, La Pastora, Montelirio, Ontiveros y otros 40 bienes arqueológicos perfectamente identificados y relacionados en el BOJA. Seguramente a ello responde la voluntad política para construir un Centro de Interpretación. El lugar donde hacerlo está en discusión.
¿No sería más conveniente que dicho Centro fuese de toda la Zona Patrimonial Intermunicipal que aglomera a 9 BICs legalmente protegidos en 4 municipios: Valencina, Castilleja de Guzmán, Camas y Santiponce? Facilitaría comprender no sólo un período histórico sino toda la continuidad y evolución cultural a través de los hitos materiales construidos (Bienes de Interés Cultural) entre 2000 años a. C. y el siglo XIX.
A propósito, la redacción del nuevo PGOU de Valencina, con el fin de evitar conflictos futuros, por expreso pedido del Ayuntamiento, debería empezar por la delimitación del suelo protegido no urbanizable. Técnica y metodológicamente no sólo es posible sino recomendable. Se convertiría en un modelo a seguir. Un Plan así redactado, dejaría de ser solamente una guía para la especulación inmobiliaria. También sería un instrumento de protección hasta de la Romería de Torrijos (Bien de Interés Etnológico –inmueble– según la Ley del PHA) declarada de interés nacional desde 1998.
En dos pueblos del Aljarafe, la sociedad civil organizada es una de las más proactivas de Andalucía. En efecto, La Mesa Ciudadana en Defensa del Paisaje Protegido y Yacimiento de Valencina-Castilleja de Guzmán en este año, en presencia del Consejero de Cultura, ha recibido la Medalla Menga. Ojalá se multiplicase el ejemplo en Camas, en Santiponce y en otros pueblos.
Es casi un lugar común definir el Patrimonio Cultural, como un recurso, un activo que garantiza el desarrollo con calidad de vida. No supone un problema en el ámbito de lo público, del interés general, de la sociedad, de la memoria colectiva, de la identidad/diversidad cultural. Así lo entienden y lo defienden los Convenios Internacionales, las Leyes sectoriales, autonómicas e incluso la misma Constitución en su artículo 46.
Pero el Patrimonio Cultural se convierte automáticamente en problema cuando se enfrenta a presiones egoístas provenientes del ámbito privado, lucrativo, financiero, económico. En un bien inmueble legalmente protegido, con frecuencia estratégicamente ubicado, es difícil materializar un “pelotazo inmobiliario”. Los poderes públicos lo saben pero los políticos y los técnicos son proclives a echar mano de la discrecionalidad. Aquí está la raíz de un conflicto o, de una solución. De eso va también la interpretación de las Leyes, cuando no están rigurosamente redactadas y desarrolladas.
El Patrimonio Cultural también es una patata caliente en manos de los políticos que no lo sienten ni lo entienden. El marco de referencia de algunas leyes andaluces, con frecuencia ha sido Cataluña. Una muestra es el Estatuto de Andalucía. Sin embargo mientras, a la sombra del Convenio Europeo del 2000, allá ya existe una Ley de Protección del Paisaje (2005), en Andalucía, no. Se ha obviado el problema conceptual que ello supone.
El paisaje para la normativa medioambiental es una manifestación natural. Sin embargo, en todos los casos es un producto cultural. La Ley del Patrimonio de Andalucía (2007) tuvo oportunidad de asumirlo así. Prefirió no protegerlo específicamente y, a cambio, añadir a las existentes tipologías de bienes inmuebles de interés cultural una nueva, la Zona Patrimonial o sea: “aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales.”
Esto es lo que de hecho, cumple al pie de la letra la zona patrimonial intermunicipal que estoy sugiriendo. Hacia aquí convendría dirigir la solicitud de Valencina. Convendría compartirla con los municipios vecinos. La unión hace la fuerza.
La administración no tiene dinero suficiente para satisfacer todas las demandas; en cambio, tiene muchas posibilidades para definir una política e instrumentos de gestión que ayuden a racionalizar los esfuerzos dedicados a la protección y difusión con el fin de que sean más eficaces: Centros de Interpretación con mayores ámbitos territoriales continuos (unir la delimitación de los nueve Bienes de Interés Cultural y de su entorno), de temporalidad histórica, de contenidos y de objetivos (turísticos y educativos). Un solo Centro de interpretación/gestión/difusión que vincule la diversidad del patrimonio cultural, del ambiental y del paisajístico: los dólmenes con El Carambolo, Itálica, San Isidoro, Haciendas Torrijos, La Pastora, el Cortijo Gambogaz, el Jardín de Forestier y todos los bienes con protección local, ubicados en un paisaje ondulado singular que pertenece a cuatro municipios. Dicho Centro no tiene por qué estar en una edificación contemporánea. Bien podría ocupar un inmueble disponible protegido.
Este propósito sería un buen espacio de confluencia del esfuerzo de los Ayuntamientos y de varias organizaciones ciudadanas ejemplares como la que ha sido premiada. Requiere más de un compromiso de la Consejería de Cultura que de recursos financieros. Actuar fuera de lo convencional es innovar.
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