Los números no salen para echar al alcalde de Valencina de la Concepción
01 mar 2016 / 21:01 h.
Los números no salen para que prospere la moción de censura
para echar al alcalde, Antonio Manuel Suárez (PSOE), presentada por concejales
del PP –tres de los cuatro que forman el grupo– y Construyendo Valenciana
(CV-IU) –tres ediles–, según admite la portavoz de CV-IU, Rocío Peña, quien, no
obstante, se muestra confiada en que finalmente la situación se reconduzca.
Las presiones tanto del
PP como de IU sobre sus concejales a los que, en el primer caso se les ha
suspendido de militancia, y en el segundo se le ha expulsado, ha calado en
uno de los ediles populares, Manuel Ramón de la Cerda que, tras rubricar la
moción de censura, ha decidido dar marcha atrás y no ratificarla en el pleno
que está previsto se celebre hoy a las 12.00 horas.
Peña espera que De la
Cerda reconsidere su postura y vote a favor de echar al alcalde. Otra baza que están jugando
los promotores de la moción de censura es contar con el voto del único concejal
del Ayuntamiento que no se
ha pronunciado sobre la cuestión, el edil de Mayoría Democrática, José Enrique
González, con el que han mantenido contactos.
De no cambiar las cosas,
los números no salen para que prospere la reprobación, puesto que la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) recoge que la
moción de censura debe contar con la mayoría absoluta del número de concejales
y en estos momentos solo cuenta con los tres del PP y los otros tres de CV-IU,
frente a los cinco del PSOE, el del edil del PP que ha reconsiderado su voto y
el del concejal de Mayoría Democrática, cuya opinión no se ha hecho pública.
A pesar de las
dificultades de esta reprobación, la portavoz de CV-IU indicó ayer que ellos
siguen adelante con su idea de echar al alcalde, «porque así nos lo ha pedido
el pueblo».
Por otra parte, las
relaciones entre los concejales suspendidos del PP de Valencina y el provincial
cada vez están más enconadas. Los ediles aljarafeños consideran desmesurada
la reacción de su partido y se muestran dispuestos a acudir a los tribunales de
justicia para adoptar las acciones «penales oportunas».
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