CASTILLEJA DE GUZMÁN
El Defensor del Pueblo investiga una modificación urbanística ilegal
El Ayuntamiento de
Castilleja de Guzmán modificó su PGOU para enmendar la ilegalidad del proyecto
de la escuela de hostelería
El País
Sevilla
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús
Maeztu, ha incoado una actuación “de oficio” sobre la actuación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y
el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), gobernado por Carmelo Ceba
(PSOE), al “intentar enmendar la ilegalidad” derivada de la construcción de la
escuela de hostelería, toda vez que en 2014 el Tribunal Supremo confirmó una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que
ordena demoler el edificio. El conflicto deriva del recurso de un colectivo de
vecinos del municipio contra la aprobación definitiva, en 2009, de una
modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castilleja en la
ordenación y nueva delimitación de las parcelas de espacios libres y
equipamientos ubicadas entre las calles Álvarez Quintero y Gustavo Adolfo
Bécquer, informa Europa Press.
Según el fallo del
TSJA, ratificado en 2014 por el Tribunal Supremo, esta modificación no
perseguía los intereses generales, “sino intentar enmendar una actuación de
ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento” en el proyecto de escuela de
hostelería, cuyos trabajos ya estaban en marcha cuando prosperó la modificación
del planeamiento. Y es que los 16.012 metros cuadrados
dedicados a la escuela de hostelería, según la modificación de las normas
subsidiarias de Castilleja aprobada en 2001, estaban inicialmente declarados
espacios libres.
“La modificación no
obedeció a la búsqueda de los intereses generales, sino a intentar enmendar una
actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento”, señalaba el
fallo del TSJA confirmado por el Supremo. El TSJA requirió a la Junta y al
Ayuntamiento que informasen sobre qué actuaciones y resoluciones habían
adoptado para demoler el edificio, tras lo cual la Oficina del Defensor del
Pueblo Andaluz decidió incoar una actuación “de oficio” sobre el papel jugado
por las administraciones en este asunto.
El departamento de
Maeztu asegura que la Junta, “en lugar de haber hecho un seguimiento de la
resolución y adoptar las medidas oportunas para exigir su cumplimiento, lo que
hizo fue aprobar la modificación del planeamiento urbano para enmendar una
actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario