El Gobierno
prepara un ‘catastrazo’ que afectará a 1.200 ayuntamientos
David
García-Maroto
El Ministerio de Hacienda ya tiene la lista de
los
ayuntamientos que efectuarán una revisión catastral de
inmuebles urbanos en 2019. Son cerca de 1.200 consistorios, el equivalente al
15% del total. Así lo recoge una Orden publicada en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) de este sábado, en el que se anticipa, sin embargo, que los coeficientes
de actualización deberán establecerse en la Ley de Presupuestos del próximo
año, que el Gobierno aún no ha presentado.
Entre los ayuntamientos afectados se encuentran
Badalona (Barcelona), Cádiz, Santander, Guadalajara, Avilés (Asturias), Granada,
Huesca, Lorca (Murcia), Coslada (Madrid), Las Rozas (Madrid) o Valencia.
Las cuentas anuales del Estado para 2019 son una
incógnita con lo que está por ver cómo se instrumentará esta revisión
catastral.
Además, en virtud del coeficiente que se aplique,
el valor catastral de los inmuebles puede revisarse al alza o a la baja. La
razón es que los coeficientes se fijan en función del año de entrada en vigor
de la última ponencia de valores del municipio, que básicamente es el
documento en el que se recogen los criterios con los que se han llevado a
cabo las últimas valoraciones en el territorio.
Actualmente, el precio del metro cuadrado de la
vivienda libre se sitúa en 1.587.9 euros, el valor más alto desde el segundo
trimestre de 2012, según datos del Ministerio de Fomento, que toma como
referencias los valores de tasación.
Desde este punto de vista, en términos generales,
las viviendas valoradas desde ese momento habrían aumentado su valor, mientras
que en aquellas cuyo precio data de entre 2008 y 2012, habría descendido.
Atendiendo al año de entrada en vigor de la ponencia de valores, alrededor de
un tercio de los municipios recogidos en este último listado pertenecerían a
este último grupo.
Cae el número de
revisiones
El valor catastral de una vivienda es la
referencia sobre la que se tributa a nivel municipal por el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI), una de las principales fuentes de financiación de los
ayuntamientos.
De esta forma, a menos que los ayuntamientos
decidan introducir cambios en el impuesto, bonificaciones o exenciones, una
subida del valor catastral de los inmuebles puede suponer una mayor carga para
el bolsillo de los ciudadanos y, en paralelo, más ingresos para los municipios.
Para poder llevar a cabo esta revisión, los
municipios interesados realizan una solicitud cada año para aplicar los
coeficientes que se fijen. Para ello, deben cumplir tres supuestos: haber
transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores
catastrales resultantes de la última valoración, que existan diferencias
sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para
determinar dichos valores catastrales, y que el ayuntamiento efectúe la
solicitud antes del 31 de mayo.
Cumpliendo estos criterios, los municipios
que han solicitado una revisión catastral para el año que viene alcanza los
casi 1.200, lo que supone una cifra un 14% inferior a la registrada en la misma
orden el pasado año. Además, la cifra es prácticamente la mitad que la de 2017,
cuando hasta un tercio del total de municipios, unos 2.500, procedieron a
aplicar los nuevos coeficientes.
Además, dentro de este ‘catastrazo’ también se
incluirá la aplicación de oficio de coeficientes a los municipios beneficiados
por el decreto contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo
a entidades locales con problemas financieros de 2013, que les permitía
fraccionar en hasta 10 años sus deudas en ejecución con la Seguridad Social y
Hacienda.
También se prevé la aplicación de oficio de estos
coeficientes a los ayuntamientos acogidos al Fondo de Ordenación, con el que el
Estado atiende el vencimiento de sus préstamos a largo plazo, también los
correspondientes al mecanismo de financiación de pago a proveedores y la
anualidad correspondiente a las liquidaciones negativas de su participación en
los tributos del Estado.
En ambos casos, debe tratarse de municipios que
hayan realizado la última valoración de carácter general antes del año
2003.
Tras atajar la
picaresca
Esta nueva revisión masiva de valores catastrales
tiene lugar después de que se hayan conocido este año los resultados del Plan
de Regularización Catastral (PRC) iniciado por el Ministerio de Hacienda en
2013 para aflorar inmuebles y las alteraciones practicadas en los mismos que
aún no tenían reflejo en el Catastro. El balance es que fue una herramienta
recaudatoria especialmente potente y rentable en 2017.
Solo el pasado año se regularizaron casi un
millón de construcciones, lo que dio lugar a un incremento masivo de valores
catastrales que se tradujo, a su vez, en una jugosa factura
a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y
del
IRPF de cerca de 700 millones de euros.
La motivación del plan era acabar con prácticas
evidentes de fraude fiscal a lo largo y ancho del territorio nacional, con la
excepción del País Vasco y Navarra, donde no se ha desarrollado por cuestiones
competenciales. De esta forma, se adecuarían los valores catastrales a la
realidad y, con ellos, la tributación que recae sobre inmuebles urbanos y
rústicos.
A modo de ejemplo, se trataba de detectar no solo
de nuevas construcciones no afloradas, sino también ampliaciones viviendas,
reformas, cambios de uso o la construcción de piscinas, que suponen incrementos
en la valoración final del inmueble y, por ello, mayor tributación por
impuestos como el IBI o la ahora cuestionada plusvalía municipal.
ADJUNTAMOS
ENLACE BOE 29/09/2018 CON LA LISTA DE LOS MUNICIPIOS QUE SE VERÁN AFECTADOS POR
EL NUEVO CATASTRAZO EN EL 2019:
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13183.pdf
MUNICIPIOS
AFECTADOS DEL ALJARAFE:
BENACAZÓN
GELVES
SANTIPONCE
VALENCINA
