Litigio
en el TSJA para que la Junta indemnice a Castilleja de Guzmán por la escuela de
hostelería
El Ayuntamiento reclama a la Administración autonómica el coste de la demolición por haber "amparado la ilegalidad urbanística"
CASTILLEJA
DE GUZMÁN (SEVILLA), 15 Nov. (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite una demanda promovida por el
Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla) contra la Junta de Andalucía,
reclamando a dicha administración el coste de casi 123.000 euros afrontado en
2017 por el Consistorio para el derribo de la escuela de hostelería construida
años La citada escuela de hostelería fue promovida la pasada década por la
Mancomunidad para el Fomento y Desarrollo del Aljarafe, la Consejería de Empleo
y el propio Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, entonces gobernado por el
PSOE.
Cuando las obras de construcción
ya estaban en marcha, el entonces gobierno local socialista aprobó
definitivamente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),
con una nueva ordenación y delimitación de las parcelas de espacios libres y
equipamientos ubicadas entre las calles Álvarez Quintero y Gustavo Adolfo
Becquer, precisamente donde estaba siendo construido el citado complejo.
En ese contexto, y merced al litigio promovido por un colectivo de
vecinos, una sentencia del TSJA ratificada en 2014 por el Tribunal Supremo
zanjaba que dicha modificación del planeamiento urbano tenía como destino no
los "intereses generales, sino intentar enmendar una actuación de
ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento", entonces gobernado por
el PSOE, en lo que se refiere a la ordenación en la que se encuadraba el
proyecto de escuela de hostelería, dado que los trabajos de construcción
estaban ya en marcha antes de que fuese aprobada definitivamente la modificación
del planeamiento.
"La modificación no obedeció a la búsqueda de los intereses
generales, sino a intentar enmendar una actuación de ilegalidad provocada por
el propio Ayuntamiento", señalaba el fallo del TSJA, que declaraba
"espuria" la mencionada modificación urbanística de 2009 y ordenaba
derribar las construcciones porque "no pueden encontrar amparo jurídico".
DE NUEVO AL TSJA
Pues bien, después de que en enero de 2017 fuese ejecutada la sentencia
con la demolición del edificio, aspecto para el cual el Ayuntamiento de
Castilleja de Guzmán contrató a la empresa Erri-Berri S.L., el pasado 27 de
septiembre dicho Consistorio elevó al TSJA una reclamación en la que solicita
una indemnización de 122.790,8 euros a la Junta de Andalucía por los gastos
afrontados para derribar el inmueble.
Al respecto, Tasio Oliver señala que a Junta de Andalucía no sólo ostentó
el "liderazgo" del proyecto de la escuela de hostelería, sino que el
mismo siguió adelante pese a que en sus primeras fases ya mediaban
"quejas, avisos y hasta preguntas del Defensor del Pueblo Andaluz".
Además, recuerda que la modificación del PGOU promovida por el entonces
alcalde socialista Carmelo Ceba para la escuela de hostelería, cuyas obras
estaban ya en marcha en el momento de aprobación definitiva, fue aprobada por
los órganos de la Junta de Andalucía encargados de supervisar el urbanismo y la
ordenación del territorio.
Por eso, Tasio Oliver señala que debe ser la "madrina" del
proyecto quien pague los 122.790,8 euros que costó demoler el edificio por
haber impulsado la iniciativa y "amparado la ilegalidad urbanística",
exponiendo que la reclamación elevada al TSJA incluye "otros gastos indirectos
no cuantificados de momento".
Al respecto, ha recordado que la sentencia obligaba a demoler la
edificación circunstancia a la escuela que, "si bien el Ayuntamiento de
Castilleja de Guzman como administración garante del orden urbanístico debió
acometer, considera en su totalidad responsabilidad de la Junta, administración
titular de la competencia y autora del instrumento de planeamiento anulado,
además de promotora del proyecto".
"HASTA LAS ÚLTIMAS
CONSECUENCIAS"
"Defenderemos hasta las últimas consecuencias los intereses de
Castilleja de Guzmán, siendo justo que la principal condenada asuma las
consecuencias y el coste de su propia infracción", añade Oliver,
exponiendo que los casi 123.000 euros reclamados a la Junta "servirán para
mejorar la situación del Ayuntamiento, cuando no para costear la mejora de toda
la parcela, cuya recuperación no costará menos de 300.000 euros".
Al respecto, ha criticado "la falta de sensibilidad y atención de la
Junta respecto a la escuela, ya que en 2015 avisó de que no se haría cargo de
ninguna responsabilidad a no ser que un juez lo dictaminara, a pesar de ser un
proyecto y una ilegalidad urbanística amparados por ella".
